Distintos autores han hecho estudios significativos en relación a las problemáticas existentes en Estados de países en vías de desarrollo, entre ellas predominan la ineficacia, ineficiencia y la falta de control en el manejo presupuestario, cuyos resultados se reflejan a través de las políticas públicas y el deterioro de las instituciones gubernamentales en el proceso administrativo. Es imperativo desarrollar un sector público, con características diferentes a la que se registra actualmente en la administración pública venezolana; y para eso es necesario dotar al Estado de arreglos institucionales y operativos necesarios para la transformación de la institucionalidad requerida para formular, implementar, gestionar y evaluar las políticas públicas, para alcanzar logros que fortalezcan la credibilidad y confianza del colectivo hacia las instituciones públicas.
Este planteamiento surge a partir de la llamada Nueva Gestión Pública, haciendo especial énfasis en la eficiencia y responsabilización de la administración pública, hacia la ciudadanía y el Estado.
Estos arreglos institucionales y operativos que el Estado requiere, serán para (1):
- Hacerlo efectivo en su atención al ciudadano.
- Equitativo en su esfuerzo de darle acceso a todos los grupos sociales que demanden bienes y servicios de naturaleza colectiva.
- Responsable a rendir cuentas sobre su actuación y sus decisiones.
- Inclusivo en su voluntad de abrir la gestión de lo público al espectro más amplio posible de actores de la sociedad civil organizada (comunidades de base, organizaciones no-gubernamentales, cooperativas, empresas privadas).
Es importante conocer que los modelos de transformación social requieren que las instituciones partan de las estructuras así como de procedimientos que repercuten en la administración pública en general; ya que estas fortalecen la inclusión social y la gobernabilidad democrática, mediante mecanismos control, evaluación, rendición de cuentas y transparencia en la gestión; entre el ejecutivo, el legislativo y el sistema judicial; lo que implica la autonomía de actuación para los órganos contralores, fiscalías y defensorías de los derechos del ciudadano, en todos los niveles del gobierno.
Así también, se necesita fortalecer las instituciones en donde la participación ciudadana organizada, evalúen las opciones de políticas públicas, la ejecución del consenso en la toma de decisiones que previamente han sido negociadas con el colectivo. Así como, promover los canales que permitan la transparencia y responsabilidad en el acto de rendir cuentas de los funcionarios públicos hacia la colectividad de todas las funciones que así lo ameriten.
CÓMO SE EXPRESA ESTA REALIDAD EN VENEZUELA??El funcionamiento del sector público venezolano, se encuentra en deterioro producto del declive en el mecanismo operacional, la desarticulación en el proceso administrativo, entre otros elementos que debilitan las instituciones y su movimiento. Es propio asumir la perspectiva modernizadora que muchos autores han propuesto en aras de innovar, la estructura en el proceso de reforma del Estado a través de las grandes tendencias de la gestión pública contemporánea; “mediante un modelo que supone transformaciones estructurales y de procedimientos que afectan a toda la administración pública y a sus respectivos sistemas de apoyo” (2).
La Nueva Gestión Pública, presupone eficacia y eficiencia en el cumplimiento de las funciones de todo gerente y/o funcionario público; asumiendo que éste se hace responsable en aras de sus competencias de su propia gestión; así como el proceso de rendir cuentas de todos los recursos disponibles al colectivo. Tal como lo exponen Motta y Lima (s/a: 273) “la mayor autonomía administrativa repercute en una responsabilización política más abarcadora y con características distintas de modelos de gestión pública anteriores” .
Es necesaria la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública de los funcionarios y/o gerentes; pues impulsa el desarrollo a través de las instituciones. Es importante mencionar que una de las características en el sector público, es la carencia de prioridades estratégicas para la intervención (en la búsqueda de desarrollo sustentable, garantía del Estado de Derecho, gobernabilidad democrática). Cualquier iniciativa contaba con alguna modalidad de subsidio, debilitando el desarrollo de capacidades de emprendimiento social y económico.
En este sentido, debe entenderse según Cunill y Ospina (s/a:442) que el proceso de la toma de decisiones, para efectos políticos; surge de una evaluación basada en la rendición de cuentas sobre la ejecución de políticas y programas públicos”.
A su vez, contamos con una estructura de las finanzas públicas que debilita la obligatoriedad de la rendición de cuentas de los actores políticos y burocráticos frente a los ciudadanos. Con el desajuste en el manejo de la renta petrolera, ha contribuido a estos actores (políticos y burocráticos) a manejar su propia agenda de políticas públicas, sin considerar las necesidades del colectivo y sus prioridades. Propiciando estas formas de hacer política actividades de influencia, en búsqueda de poder, privilegios, y políticas públicas que le favorezcan a unos pocos por el sacrificio de los muchos.
Existe una conformación no-inclusiva de la estructura de provisión de los bienes colectivos en Venezuela, lo que trae como consecuencia un sesgo en priorizar las políticas públicas, bienes y servicios que le den sustento al desarrollo de la actividad económica (ejemplo. Financiamiento y divisas subsidiadas, servicios públicos a bajo costo, etc), así como a privilegiar implícitamente a los sectores sociales urbanos y formalizados en el acceso a servicios de salud y educación, seguridad social, vivienda y servicios urbanos.
Así mismo, el centralismo en la provisión de programas y servicios públicos caracteriza al Estado venezolano, el cual concentra el poder, una estructura de las finanzas públicas (centradas en la renta petrolera, aduanera y recientemente el IVA), y el control por parte de partidos afectos al gobierno. Se menciona la tendencia de la burocracia venezolana a concentrarse en sus propios objetivos e intereses, lo que incrementó la desatención de los sectores más vulnerables; incluyendo la desatención del ciudadano ante un requerimiento en una institución gubernamental.
CUÁL ES LA PROPUESTA?
En las propuestas para la reforma institucional del sector público, es importante considerar al momento de crear la reforma institucional en el sector público, los retos que se enfrentan, los principios de política y transformaciones sociales, y acciones que sean compatibles a los cambios requeridos.
Se sugiere una Macro-organización del Sector Público, que implica las funciones de (3):
Forma medular al sector público (rectoría, regulación, financiamiento, distribución y desarrollo social), Instancias y prácticas para hacer gobernable al sector público,
El desarrollo del modelo gerencial operante así como el conocimiento de una estructura organizacional del sector público.
Reforma del sistema de gestión del funcionariado público, así como el desarrollo de un efectivo sistema de transparencia y rendición de cuentas.
Así mismo, se sugiere Un Sistema de Gestión al Funcionario Público, que incluyan todas las funciones de selección, desarrollo de carrera, entrenamiento, remuneración, evaluación y despido de los recursos humanos en el sector público(4).
En este sentido, es propio que el sistema de gestión al Funcionario Público en la toma de decisiones sea más participativo y representativo, permitiendo de esta manera un acercamiento más y un sentido de pertenencia hacia la institución donde labora. Mayor flexibilidad en la estabilidad laboral, garantizando los puestos públicos y continuidad de gestión de los funcionarios.
Por último, se sugiere Un Sistema de Gestión Transparente y Responsable; el cual consiste en garantizar que aquellos funcionarios y organizaciones a quienes se delegan facultades de toma de decisiones en el sector público rindan cuenta por su actuación; estén abiertos al escrutinio público y sean oportunamente accesibles al público que deben atender.
En este sentido; existen limitaciones estructurales en el sector público para medir el desempeño más allá de los resultados financieros, así como el cumplimiento de normas y procedimientos. Dificultades para poner en práctica generalizada la medición de costo-efectividad, costo-eficiencia, etc., en la evaluación del desempeño de las organizaciones públicas.
CONCLUSIONES:
El fin último de construir un sector público de calidad es un imperativo para hacer viable una estrategia de desarrollo sustentable, superación de la pobreza y promoción de inclusión social, guiándonos de la democracia y la equidad social; promocionando el desarrollo productivo individual y colectivo. Es propicio un cambio institucional en todos los aspectos, tanto económicos, políticos, culturales y sociales; que imprimen en la historia venezolana nuevas formas de hacer gobierno a través de modelos que viabilicen un desarrollo sostenido y sostenible, en el tiempo; así como, nuevas formas de gestión en el sector público en general.
Así mismo, se expone la importancia del proceso de evaluación mediante la rendición de cuentas y transparencia en la gestión pública de los funcionarios y/o gerentes públicos. Mediante reformas institucionales a través de una Macro-organización del Sector Público; Un Sistema de Gestión al Funcionario Público y Un Sistema de Gestión Transparente y Responsable; las cuales en su conjunto promueven desarrollo institucional y facilitan la gestión y la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones y por ende el Estado.
Esta muestra de deficiencias en el sector público venezolano actual, son causales del debilitamiento institucional, que genera en su mayoría deficiencias en proceso operativo administrativo de la administración pública venezolana. Las propuestas de reformas del sector público venezolano, son producto de las transformaciones generadas mediante los modelos de gestión que predominan basadas en la llamada Nueva Gestión Pública, fortaleciendo en mi opinión a través de los mecanismos antes expuestos las reformas institucionales del sector público.
Es un reto para el Estado venezolano realizar reformas en el sector público, y a su vez, se necesita consolidar internamente sus propios modelos gerenciales que le permitan a los funcionarios públicos, ejercer con responsabilidad sus funciones, pero antes el funcionamiento institucional debe fortalecerse.
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
1. Barrios Ross, Armando. 2006. Venezuela: Un acuerdo para alcanzar el desarrollo. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, UCAB. Publicaciones UCAB.
2. Cunill G., Nuria y Ospina B. Sonia. s/a. Evaluación de Resultados para una Gestión Pública Moderna y Democrática. Experiencias Latinoamericanas. CLAD.
3. Echavarría, Koldo. 2001. Government Modernization and Civil Service Reform. Working Paper. Washington DC: Inter-American Development Bank
4. Motta, Paulo Roberto y Lima Bandeira. s/a. Responsabilización y Evaluación de la Gestión Pública. CLAD.
